La estrategia del PSOE para garantizar las pensiones públicas
El pasado 3 de julio, el Secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, avanzó la estrategia del Gobierno para corregir el déficit financiero que arrastra el Sistema público de pensiones y asegurar su viabilidad financiera a largo plazo.
La receta es muy simple: subir salarios y cotizaciones y crear nuevos impuestos.
En definitiva, aumentar los ingresos del Sistema para poder atender la reivindicación de los pensionistas de que sus pensiones se revaloricen anualmente con el IPC del año anterior, sin perjudicar el equilibrio financiero del Sistema a lo largo del ciclo económico.
Una estrategia alternativa a la aprobada en el año 2013 por el Gobierno del PP, que se basaba en ajustar los gastos a los ingresos, mediante la introducción de un índice de revaloración anual de las pensiones, en lugar del IPC, y un denominado “factor de sostenibilidad” que ajusta la pensión inicial del pensionista a la esperanza de vida a los 67 años de su cohorte de población.
La subida de salarios es un objetivo lógico si se liga al aumento de la productividad laboral y se renuncia a hacerlo por decreto, por ejemplo, aumentado artificialmente el salario mínimo interprofesional porque la economía de mercado funciona con algunas leyes básicas, pocas, pero tan inexorables como la ley de la gravedad. Una de ellas, que el salario no puede ser superior a la productividad marginal del trabajo. Si el salario se aumenta por decreto, el empleo cae rápidamente hasta el nivel necesario para igualarse a la productividad marginal y recuperar el equilibrio perdido y los empleos menos productivos desaparecen. Si las regulaciones laborales impiden o dificultan el ajuste del empleo, son las empresas las que desaparecen y con ellas todos los empleos, los más y los menos productivos.
El Acuerdo Marco firmado el pasado 25 de junio, entre Patronal (CEOE y Cepyme) y Sindicatos (CCOO y UGT) para los años 2018, 19 y 20, establece un incremento fijo, en torno al 2 %, y un incremento variable, del 1 %, ligada a los conceptos de productividad, resultados, absentismo injustificado y otros, calculados, según se dice, en base a indicadores cuantificados, medibles y conocidos por las partes, a fijar en cada convenio.
Si se tiene en cuenta que el 2 % está ligado a la inflación previsible y el 1 % adicional al incremento de la productividad laboral o a factores directamente relacionados con ella, es un acuerdo razonable, que si se implementa lealmente tanto a nivel sectorial como empresarial, no debe perjudicar el ritmo de creación de empleo —si acaso, el de algunas actividades empresariales marginales que se mantienen a base de salarios basura—, y será positivo para nuestra economía.
El segundo pilar de la receta socialista para corregir los desequilibrios financieros del Sistema público de pensiones, el aumento de impuestos, parece mucho más problemático, tanto por la precaria situación parlamentaria del Gobierno como por la dificultad técnica de aumentar la recaudación sin perjudicar el ahorro y las inversiones necesarias para aumentar la productividad laboral y los salarios. Un aumento significativo de impuestos puede tener efectos claramente negativos para la inversión empresarial, la actividad económica, el empleo, los salarios y, en último término, para la viabilidad de las pensiones públicas que se pretende proteger.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa necesariamente por una reasignación del gasto público y por una reforma en profundidad del actual sistema fiscal que todos los expertos saben qué hace aguas por todas partes. ¿Qué tal retomar el proyecto elaborado hace unos años por el grupo de expertos presidido por el profesor Lagares, que fue reconocido como muy positivo por la OCDE y otras organizaciones internaciones que el anterior Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó por razones que nunca explicó?
Etiquetas:impuestos, pensiones, productividad laboral, salarios
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