El riesgo del independentismo catalán (II)

Por ahora, lo único que está claro en la política catalana es la pugna por el control de proceso secesionista. Mas no va a adelantar la convocatoria de unas elecciones autonómicas en las que no tendría nada que ganar y sí mucho que perder. Es un riesgo que quiere eludir con la exigencia de una lista unitaria para convocar unas elecciones de carácter “plebiscitario”, un órdago con el que tiene mucho que ganar —pasar a la historia como el Moisés que llevó al pueblo catalán a la independencia—, y muy poco que perder, nada  si la lista unitaria que con toda seguridad presidirá es la más votada.

Una argucia que sitúa a su antagonista, Oriol Junqueras, ante un dilema complicado. Si apoya la lista unitaria queda relegado a un papel secundario, de mero comparsa de Mas, y si no lo hace, corre el riesgo de quedar marcado para siempre como el responsable del fracaso del proceso independentista.

Respuesta de Junqueras: que los partidos independentistas se presenten con un programa común: la independencia y el compromiso de formar un gobierno de concentración, pero cada uno con su propia lista. Es evidente que quiere que se cuenten los votos de cada lista. ¿Está dispuesto Mas a aceptar que si la lista de ERC es la más votada, Junqueras asuma la presidencia del gobierno de concentración? Habrá que esperar a ver lo que sucede.

Las elecciones “plebiscitarias” no existen en el ordenamiento constitucional español. Son un “invento” de los independentistas para elevar la temperatura independentista y, de paso, la tensión con el gobierno central, el enemigo común que les aglutina.

Si se convocan las elecciones -Mas no lo hará si no tiene, o cree que no tiene, el viento a su favor- y se desarrollan en un ambiente normal, que permita un debate amplio y sosegado sobre los beneficios y los costes de la independencia, sin la presión atosigante del “agitprop” de los medios nacionalistas, los resultados pueden ser muy distintos a los deseados por los independentistas. Si la participación llega al 85% -un porcentaje similar al del referéndum  escoces-, y los partidos no nacionalistas: PP, PSOE, Ciudadanos y UPyD, aciertan en sus propuestas a los votantes no nacionalistas, las elecciones pueden ser la tumba política del Sr. Mas, aunque la lista unitaria que encabece fuera la más votada.

Si los independentistas ganaran las elecciones con una mayoría no concluyente -por ejemplo: con un 60 % de votos a favor y una participación del orden del 60 %, el respaldo a la independencia sería solamente del 36 % del censo total-, el conflicto estaría servido porque la mayoría parlamentaria salida de las urnas estaría “obligada” a proclamar la independencia de Cataluña y el gobierno central a utilizar todas las medidas coercitivas previstas en la Constitución y en la legislación penal para imponer la legalidad constitucional. Un escenario complicado, con manifestaciones masivas en las calles y con ocupaciones de plazas al más genuino estilo 15M, impulsadas por los partidos independentistas y sus organizaciones satélites: ANC, Òmnium Cultural, etc., que podrían degenerar en conflictos graves de orden público.

Solamente en el caso muy improbable de que el resultado electoral fuera tan abrumadoramente favorable a los independentistas que hiciera patente la inutilidad de un referéndum posterior, el gobierno central tendría que sentarse a negociar con el gobierno salido de las urnas, la independencia de Cataluña. Una negociación que por muchas razones sería muy difícil, probablemente a cara de perro.

Aunque el riesgo de secesión de Cataluña es muy bajo, lo cierto es que existe y que puede comenzar a pasar factura a la economía española, incluida la catalana, en cualquier momento, probablemente a partir del día siguiente de que Mas convoque las elecciones. Una factura que puede resultar muy cara, carísima, para Cataluña y para el resto de España.

¿Puede el gobierno central abortar la convocatoria de esas elecciones? Como mínimo debe intentarlo. Tiene el respaldo de la legalidad constitucional, el apoyo de la comunidad internacional y el tiempo necesario para convencer a los ciudadanos catalanes no nacionalistas de que “Espanya no els roba” y de que son muchas las razones para continuar viviendo juntos -como mínimo otros 100 años, como dice el anuncio navideño de Freixenet- en lugar de separados, porque el problema es el independentismo catalán, no los catalanes.

Las bazas que tiene el gobierno central en sus manos para superar limpiamente el reto nacionalista son claramente ganadoras. Otra cosa es que quiera y sepa utilizarlas.

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Gerardo Ortega

Gerardo Ortega ha sido Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España (1982-1989), Presidente del Registro de Economistas Auditores (1982-1984) y Decano del Colegio de Economistas de Madrid (1991-1999)

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