¿Es posible un arreglo fiscal con la Cataluña no independentista?
El planteamiento profundamente maniqueo que subyace en el mantra “Espanya ens roba” repetido machaconamente por el “agitprop” independentista, ha calado en una parte importante de la sociedad catalana que ha pasado a engrosar las filas secesionistas, pero ha dejado en evidencia de manera descarnada el carácter fundamentalmente económico del independentismo catalán actual.
¿Pueden resolverse los problemas económicos a base de órdagos, más propios de jugadores de fortuna que de gobernantes responsables? Evidentemente, no.
Los problemas económicos se resuelven en la mesa de negociación, no alimentando un proyecto secesionista que, además de fracturar la sociedad catalana, conduce inexorablemente a un conflicto con el Estado de consecuencias económicas, también políticas, muy negativas para España pero mucho más para Cataluña
Es sorprendente el desparpajo con el que algunos líderes independentistas dan por descontado el apoyo de la UE y de la comunidad internacional a una Cataluña proclamada unilateralmente independiente, a pesar de que las declaraciones de los principales líderes europeos en sentido contrario y los mismos Tratados constitutivos de la UE no dejan margen alguno a ese impostado optimismo. Pura charlatanería política dirigida a mantener el ensimismamiento del movimiento independentista que solamente se escucha a sí mismo.
¿Y las consecuencias fiscales y comerciales de la independencia de Cataluña?
Es imposible hacer estimaciones mínimamente fiables de las consecuencias fiscales y comerciales de la independencia de Cataluña, a corto, medio y largo plazo, para la propia Cataluña y para el resto de España.
La mayoría de los productos catalanes que se venden en España podrían producirse directamente en el resto de España, bien por empresas españolas o por las mismas empresas catalanas para no perder un mercado ya ganado. Muchas empresas multinacionales trasladarían su sede social al resto de España (Por ejemplo: Espasa Calpe), otras trasladarían la fabricación de sus productos a otros países (Volkswagen), otras tendrían que replantear su estrategia multinacional para no terminar compitiendo con ellas mismas (es el caso de los laboratorios farmacéuticos, cuyo cliente principal es el SNS español, que podrían vender desde Cataluña o desde Francia), y así sucesivamente. Las consecuencias económicas de la independencia se prolongarían durante muchos años.
Los cálculos de algunos economistas catalanes, incluidos los agrupados en el colectivo Wilson (http://www.wilson.cat/es/), no son más que elucubraciones teóricas, algunas tan escandalosamente sectarias como faltas de rigor técnico, dirigidas a convencer a los catalanes de que la independencia es la panacea capaz de resolver todos sus problemas, algo así como el bálsamo de Fierabrás en versión moderna, que les proporcionará más sanidad, más educación, más empleo, mas…, mas …, más de todo y para todos.
Lo que no dicen es que el coste individualizado para los ciudadanos catalanes de esa independencia sería muy superior al que tendrían que soportar el resto de los ciudadanos españoles, aunque solo sea por la diferencia en el número de personas entre las que se repartiría el coste total que está en una relación de 1 a 6, aproximadamente.
Es verdad que la mayoría de los catalanes consideran que soportan un déficit fiscal con el Estado excesivamente elevado y que son muchos los que no quieren la independencia pero sí un buen arreglo fiscal, en palabras del economista catalán Francesc Granell. También es verdad que una parte muy importante del PIB de Cataluña corresponde al superávit comercial con el resto de España. Y también es verdad que aunque se trata de conceptos que no son directamente compensables, no pueden desligarse completamente. Una reducción significativa de las ventas catalanas a España tendría efectos muy perjudiciales para Cataluña. Si alguien tiene alguna duda de ello puede preguntar al director financiero de cualquier empresa catalana lo que supondría para su cuenta de resultados una reducción del 6 % de sus ventas en España.
El proyecto secesionista es un obstáculo para la consolidación de la recuperación económica de Cataluña y de España, que el gobierno central debe procurar remover cuanto antes, promoviendo una modificación razonable del sistema de financiación autonómico, para hacerlo equiparable a los vigentes en los estados federales.
¿Qué reformas legales serían necesarias?
La solución del problema fiscal que alienta el proceso independentista catalán no pasa por reformar la Constitución ni por reconocer a Cataluña un régimen fiscal singular o privilegios de cualquier otro tipo.
Es mucho más simple, basta con reformar la LOFCA, la ley orgánica de regulación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, obviamente de acuerdo con todas ellas, no solo con Cataluña.
Es necesario modificar la Ley para que los recursos procedentes del FONDO DE GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS tengan un carácter finalista que asegure que no se dedican a otros temas; no puede ser que no se pague la factura farmacéutica porque los fondos destinados a ello se dediquen a otras cosas mucho menos importantes para los ciudadanos. También es necesario reformar los criterios de cálculo del coste de los servicios públicos garantizados para evitar las asimetrías que se producen actualmente.
La lógica económica aconseja ligar los recursos del FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL al cumplimiento de unos determinados objetivos. No es suficiente que las Comunidades Autónomas se limiten a dar cuenta a las Cortes de los proyectos financiados. Lo importante es que los proyectos financiados respondan a una estrategia global acordada en el seno del Consejo de Política Económica y Fiscal, no a decisiones oportunistas de los políticos locales.
Es necesario concretar las “necesidades de gasto” de las Comunidades Autónomas financiables con cargo al FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL.
Sería conveniente incluir el retorno a las Comunidades Autónomas de un determinado porcentaje de los ingresos obtenidos por el Estado por actividades realizadas en sus territorios, que no sean necesarios para financiar las competencias exclusivas del Estado, el servicio de la Deuda Pública, los compromisos derivados de Tratados Internacionales, las aportaciones a los fondos de la propia LOFCA y cualquier concepto de naturaleza similar incluido en los Presupuestos Generales del Estado.
Una fórmula similar a la del cheque británico, aplicable a todas las Comunidades Autónomas, que debería ser suficiente para satisfacer las reivindicaciones catalanas sobre un mejor trato fiscal.
Para precisar el origen territorial de los ingresos obtenidos por el Estado, bastaría modificar los formularios de las declaraciones de los impuestos correspondientes.
El principio de solidaridad interterritorial debería definirse en la LOFCA como un instrumento para promover el desarrollo equilibrado de las distintas Comunidades Autónomas y para acercar progresivamente los niveles de renta per cápita de todos los ciudadanos, para que quede claro que ni es, ni debe ser, una mera fórmula de subsidios entre Comunidades.
Y una vez reformada la LOFCA, podría acometerse la reforma constitucional.
¿Y el Sr. Mas y sus elecciones plebiscitarias? Las convocará si consigue imponerse a Junqueras, pero las perderá si el gobierno central ofrece a los catalanes no independentistas, que son muchos más que los independentistas, un arreglo fiscal razonable, en lugar del conflictivo horizonte, plagado de incertidumbres, que pueden ofrecerles Mas y Junqueras con el señuelo de un hipotético paraíso terrenal futuro.
Etiquetas:Cataluña, cheque británico, Colectivo Wilson, Deuda, elecciones plebiscitarias, Espanya ens roba, Granell, independencia, Junqueras, Lofca, Mas
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